Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía | 13 agosto 2026.

  • Principal

    2026-07-14

    CCOO entrega unas 3.000 firmas para exigirle al Gobierno andaluz el fin de la brecha salarial en los servicios de justicia juvenil y protección de menores

      La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, acompañado de casi 3.000 firmas, para reclamar el fin de las desigualdades salariales que sufren miles de profesionales de los servicios de justicia juvenil y protección de menores gestionados mediante entidades privadas.

      14/07/2026.
      CCOO exige al Gobierno andaluz el fin de la brecha salarial entre los servicios de justicia juvenil y protección de menores

      CCOO exige al Gobierno andaluz el fin de la brecha salarial entre los servicios de justicia juvenil y protección de menores

      El sindicato ha denunciado que la falta de actualización de los contratos públicos hace que las y los profesionales que trabajan, entre otros, en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), COILS, Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMAS), Mediación Penal con Menores, o centros de protección de menores, tengan sus salarios congelados, ya que los pliegos de contratación no incorporan el vigente convenio colectivo o continúan en situación de prórroga.

      CCOO ha exigido la publicación inmediata de los nuevos pliegos con financiación suficiente para aplicar íntegramente el V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. “Es urgente acabar con una situación que provoca que profesionales que realizan el mismo trabajo perciban salarios diferentes, únicamente por la fecha de adjudicación del contrato”, ha explicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega. 

      En este sentido, el sindicato ha reclamado la creación de una Mesa Tripartita, integrada por la Junta de Andalucía, las organizaciones sindicales y las entidades gestoras, para abordar la infrafinanciación del sector, las desigualdades salariales, la mejora de las plantillas y ratios, la definición de funciones profesionales y el refuerzo de la prevención de riesgos laborales.

      "No puede haber trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda dentro de unos mismos servicios públicos. Defender unas condiciones laborales dignas es también defender una atención de calidad para las y los menores", ha afirmado Vega.