Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía | 12 diciembre 2024.

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    CCOO denuncia que el nuevo campus de Formación Profesional en Córdoba es “otro paso del Gobierno andaluz para desmantelar la educación pública”

      La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado la puesta en marcha de un nuevo campus de Formación Profesional en Córdoba que parte de una iniciativa empresarial y “supone un paso más en la estrategia de privatización de la educación en Andalucía del Gobierno andaluz”. “Desde su llegada al poder han reducido el 90% de la oferta de plazas públicas de la FP a distancia y semipresencial; las plazas de docentes dinamizadores para Andalucía es ridícula; están dejando morir la oferta de plazas públicas por su escasez, falta de recursos y de inversión; se desconoce cómo se va a llevar a cabo la implantación de la FP Dual el próximo curso; las ratios profesor/alumno son insostenibles y los necesarios incrementos de las plantillas del profesorado no están en su agenda política”, explica la secretaria general de la federación, Marina Vega.

      12/07/2024.
      Estudiante de Informática. Fuente: Pressfoto

      Estudiante de Informática. Fuente: Pressfoto

      La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado lo que considera que “es un nuevo paso en la estrategia de privatización de la educación pública de Andalucía por parte del Gobierno andaluz con la puesta en marcha de un campus de Formación Profesional en Córdoba”.

      Dicho campus se ubicará en la antigua Facultad de Agrónomos y responde a una iniciativa empresarial que prevé que a partir del curso 2025-26 oferte 5.000 plazas de Formación Profesional con carácter dual para dar respuesta a la demanda educativa profesional existente en las ramas de transporte y mantenimiento, comercio y marketing, fabricación mecánica, instalación y mantenimiento industrial, informática y comunicaciones y electricidad y electrónica.

      La secretaria de Enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega, ha mostrado “un profundo estupor por cómo el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, da un paso más para que la Formación Profesional en Andalucía se convierta en un cortijo privado en beneficio de una minoría mientras supone una infranqueable barrera económica para muchas familias y para un alumnado andaluz que no va a poder formarse en la profesión que desea por la injusta política privatizadora de este gobierno”.

      Vega ha insistido en que “no se puede dejar en manos de la iniciativa privada la educación pública andaluza bajo la excusa de que lo importante es que haya una oferta de plazas suficientes y acordes al mercado laboral independientemente de que sean públicas, privadas o concertadas”.

      La dirigente ha apostillado que “ese argumento esconde verdades tan rotundas como que el acceso a esas plazas dependerá de si las familias pueden permitirse o no pagar su coste, lo que implica además que la educación pierde su función social, su carácter igualitario y democrático y, no menos importante, que las condiciones laborales de los docentes que impartan esta formación siempre serán más precarias y menos sólidas y garantistas que las de los docentes de la pública”.

      El sindicato considera que “la estrategia privatizadora del Gobierno andaluz trazada y pactada con el poder económico”. “Desde su llegada al poder ha reducido el 90% de la oferta de plazas públicas de la FP a distancia y semipresencial; las plazas de docentes dinamizadores para Andalucía, tan importantes para desarrollar la dualidad de la FP, es ridícula; están dejando morir la oferta de plazas públicas por su escasez, falta de recursos y de inversión; se desconoce cómo se va a llevar a cabo la implantación de la FP Dual en Andalucía para el próximo curso; las ratios profesor/alumno son insostenibles y los necesarios incrementos de las plantillas de profesores y profesoras no están en su agenda política”.

      “Si no ponemos freno a estas políticas neoliberales, en breve empezaremos a notar el incremento de las desigualdades sociales y los efectos negativos para la sociedad andaluza que éstas producen, máxime en una comunidad, que por mucho que quieran vender desde el Gobierno andaluz lo contrario, sigue a la cola del empleo, de la inversión pública y de la educación respecto al resto del Estado”, concluye la dirigente.