Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía | 12 diciembre 2024.

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    CCOO exige al Gobierno andaluz una revisión exhaustiva del uso dado a los 60 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: “No han logrado el impacto esperado”

      Andalucía encabeza, a nivel nacional, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas con 16 víctimas en 2023 , y hasta octubre de 2024, otras 8 mujeres perdieron la vida en estas circunstancias. Pese a que las denuncias por violencia de género aumentaron en 2023 un 4,8% respecto a 2022, alcanzando las 40.000, CCOO de Andalucía advierte que muchas órdenes de protección son denegadas, “por lo que el sistema de protección y justicia sigue fallando”. El sindicato advierte que “los presupuestos andaluces son fundamentales para la lucha contra esta lacra, y este es el primer año en el que se elaboran bajo el paraguas del decreto de simplificación que supone limitar el análisis y alcance de la perspectiva de género en las políticas”.

      11/11/2024.
      María Luisa González, Antonio Valdivieso, Nurai López y Patricia Laguna en la rueda de prensa del 25N

      María Luisa González, Antonio Valdivieso, Nurai López y Patricia Laguna en la rueda de prensa del 25N

      ‘Por ti, mí y por todas las compañeras’ es el lema bajo el que este 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, CCOO quiere concienciar una vez más sobre la necesidad de poner todos los recursos necesarios para acabar con una lacra social que en 2023 ha situado a Andalucía como la primera comunidad en número de mujeres asesinadas a nivel nacional con 16 mujeres en 2023 a manos de sus parejas o exparejas; mientras que hasta octubre de 2024, otras 8 mujeres han perdido ya la vida en estas circunstancias.

      La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha sido tajante al afirmar que “nuestra comunidad necesita de políticas más eficaces para acabar con la violencia machista”.

      El sindicato ha denunciado que “aunque Andalucía ha recibido más de 60 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde 2021, la realidad es que, a día de hoy, esos fondos no han logrado el impacto esperado”. “Desde nuestro sindicato denunciamos que estos recursos, que son de vital importancia, no se han gestionado con la transparencia ni la efectividad necesaria, por lo que exigimos al Gobierno andaluz y a las autoridades competentes, una revisión exhaustiva del uso de estos fondos y que se garantice su aplicación en programas realmente eficaces de prevención y apoyo a las víctimas”.

      Asimismo, la dirigente sindical ha advertido que “los presupuestos andaluces son fundamentales para la lucha contra esta lacra, y este es el primer año en el que se elaboran bajo el paraguas del decreto de simplificación que supone limitar el análisis y alcance de la perspectiva de género en las políticas”.

      En cuanto al empresariado, López Marín ha alertado que, “pese a los importantes avances recogidos en la Ley 13/2007 de Violencia de Género, en la que se reconoce el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como formas de violencia machista, la violencia de género no está presente en la agenda de las empresas porque no hacen uso de los derechos laborales existentes”.

      Es por ello que CCOO ha hecho un llamamiento a las empresas, a las instituciones y a toda la sociedad para crear entornos laborales seguros y respetuosos desde el convencimiento de que “la erradicación de la violencia machista también pasa por un compromiso en los espacios laborales”.

      Sobre esta cuestión precisamente, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Patricia Laguna, ha recordado que “todas las empresas tienen que tener protocolos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo independientemente del número de personas en plantilla, por lo que exigimos al Gobierno andaluz que habilite un registro para que ganemos en transparencia y realmente sepamos quien cumple y quien no”.

      Otra de las cuestiones sobre las que ha incidido el sindicato en su informe es en el de las denuncias por violencia de género. “Aunque aumentaron en 2023 un 4,8% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 40.000, nos encontramos con que muchas órdenes de protección aún son denegadas, especialmente en ciertas provincias. Estos datos indican que, aunque cada vez más mujeres se atreven a denunciar, el sistema de protección y justicia sigue fallando en la tarea de garantizar su seguridad”, advierte CCOO.

      El informe del sindicato también destaca la necesidad de incluir a las y a los menores que han perdido a sus madres y se han quedado huérfanos por culpa de la violencia de género en los programas de protección y apoyo de forma integral, garantizando su bienestar psicológico y brindándoles el acompañamiento necesario.

      “Desde CCOO volvemos a insistir en la urgencia de poner en marcha políticas públicas más efectivas, de más transparencia en el uso de los fondos, y de una cultura de tolerancia cero hacia la violencia machista, en el hogar, en las calles, y en los lugares de trabajo”. “La erradicación de la violencia de género no es solo un asunto de las víctimas o de sus familias, es una responsabilidad colectiva”, apostilla el sindicato.

      El informe regional ha sido presentado en Almería con la presencia del secretario general de CCOO en la provincia, Antonio Valdivieso; así como de la secretaria de la Mujer en Almería, María Luisa González, quien ha hecho una radiografía de la situación a nivel provincial, donde hay luces y sombras en cuanto a la gestión de esta lacra, ya que mientras en relación a Andalucía es la primera provincia en número de mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años; también es la provincia con menor número de órdenes de protección denegadas. “Hay cierta conciencia por parte de la judicatura para aplicar la normativa, teniendo en cuenta la gravedad del tema que nos ocupa”.

      En el plano laboral, González ha puesto el acento, entre otras cuestiones, en la importancia que tiene para las mujeres víctimas de violencia de género los contratos bonificados “que prácticamente no se utilizan”; y ha recordado que el sindicato cuenta con el Servicio de Defensa Legal para las mujeres, tanto a nivel provincial como regional, “para denunciar situaciones de acoso sexual o de acoso por razón de sexo en la empresa, por la vía penal”.

      Documentación asociada
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