La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía denuncia el caos laboral provocado por la nueva licitación de los servicios de atención temprana, que está dejando a profesionales con años de experiencia despedidas o forzadas a firmar nuevos contratos sin reconocer su antigüedad. El sindicato exige la intervención inmediata de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para frenar la destrucción de empleo en este servicio público esencial.

El sindicato vuelve a denunciar la situación de precariedad laboral “intolerable” que sufre el personal técnico en integración social (PTIS) externalizado, “un colectivo imprescindible para garantizar el acompañamiento socioeducativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)”. CCOO recuerda que estas y estos profesionales sostienen la atención a las y los menores más vulnerables, “pero son tratados con condiciones laborales indignas, fruto de un modelo de externalización que solo genera desigualdad y explotación”.

La organización sindical plantea a la consejera un pacto que incluya un acuerdo retributivo para el profesorado, el refuerzo de las plantillas, una apuesta decidida por la Formación Profesional pública y la mejora de la atención a la diversidad.

El sindicato reclama al Gobierno andaluz los recursos necesarios para hacer posible un convenio que mejore las condiciones laborales y profesionales del personal y la viabilidad y refuerzo de las universidades públicas. “Se han conseguido avances importantes, pero seguiremos exigiendo al Gobierno andaluz el fin de la infrafinanciación y que deje de apostar por lo privado”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, acompañado de casi 3.000 firmas, para reclamar el fin de las desigualdades salariales que sufren miles de profesionales de los servicios de justicia juvenil y protección de menores gestionados mediante entidades privadas.

La Federación de Enseñanza de CCOO, Marina Vega, ha confirmado, tras una reunión mantenida con el Defensor del Pueblo del Estado, que las dudas planteadas por el sindicato en relación a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) “no eran menores y afectan a cuestiones clave como la autonomía universitaria y la posible invasión de competencias, que actualmente es objeto de negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación de Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía”. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Marina Vega, ha  afirmado que el sindicato vigilará estrechamente las actuaciones de esta Comisión, así como el resultado final de sus trabajos.

CCOO denuncia que el Plan Integral de Atención Temprana sigue sin dar respuesta a los problemas reales del sector y de la infancia con necesidades educativas especiales

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía queremos fijar una postura clara y rotunda ante la inminente implantación del programa Avanza+21 para el curso 2026/2027. Ante la desinformación existente, comenzamos detallando en qué consiste realmente esta medida según el borrador que nos ha presentado la Consejería y lo acontecido en la Mesa Sectorial Extraordinaria del pasado 9 de junio.

El sindicato presenta un informe que evidencia el deterioro de la educación pública andaluza desde 2018 y reclama medidas urgentes para frenar el aumento de la desigualdad.

El sindicato considera que la normativa autonómica vulnera los artículos 27 y 149 del texto constitucional al lesionar el derecho a la autonomía universitaria, especialmente en lo referido a la capacidad de las universidades de autogobierno y autorregulación y de autonomía económica y financiera.

El sindicato ha impulsado un proceso reivindicativo con movilizaciones en todo el estado que culminará con una marcha estatal en Madrid el próximo 23 de mayo. 

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, alzamos la voz ante lo que consideramos un ataque sin precedentes a la línea de flotación de la equidad educativa: la atención a la diversidad. Bajo términos amables como modelo inclusivo o reordenación, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP está ocultando una política de recortes que deja desamparado al alumnado más vulnerable y ataca los derechos laborales de sus profesionales.

Desde CCOO venimos exigiendo respuestas a la Consejería de Desarrollo Educativo sobre el futuro de la Formación Profesional Básica Específica (FPBE). Tras varios intentos de obtener información clara, la respuesta de la Administración confirma nuestros temores: una "transformación" que, en la práctica, supone el cierre de unidades y un recorte drástico de recursos especializados.

El informe, que incluye un análisis de la cuestión en Andalucía, alerta del avance de la oferta privada en la Formación Profesional (FP) y de las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a una FP pública y de calidad.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía manifestamos nuestro más profundo rechazo al "Acuerdo de gobierno y estabilidad" firmado ayer, 2 de julio de 2026, por tratarse de un ataque frontal a la educación pública y al diálogo social. Consideramos que este programa de gobierno supone un retroceso sin precedentes en los derechos de la comunidad educativa y un intento deliberado de desmantelar el modelo de escuela pública, laica, inclusiva y de calidad en favor de intereses privados e ideológicos.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía hace  un balance profundamente negativo de la gestión desarrollada por el Gobierno andaluz en materia educativa y de servicios públicos en el curso escolar 2025-2026 . “La política de la Consejería ha estado marcada por la falta de planificación, el deterioro de la educación pública, la externalización de servicios esenciales y la ausencia de negociación real con las organizaciones sindicales”, denuncia la federación.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado que el Servicio de Atención a las Personas que Ofrecen Acogimiento y Adopción y el Servicio de Acompañamiento al Acogimiento Familiar y la Adopción dejarán de prestarse a partir del 30 de junio por decisión del Gobierno andaluz. Este servicio público, financiado con fondos europeos, está gestionado de forma externalizada por entidades como INSERTA, Cruz Roja, APRONI, ALDAIMA, APRAF-A e INFANIA, algunas de las cuales ya han iniciado expedientes de regulación de empleo. El sindicato ha advertido de que la finalización de esos contratos supondrá el despido de 112 profesionales y un deterioro de la atención a las familias y a los menores.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha anunciado que iniciará procesos judiciales en aquellas entidades que no estén aplicando el V convenio en Justicia Juvenil, al tiempo que pone de relieve su exigencia de igualdad salarial para profesionales que realizan el mismo trabajo.

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha calificado de “éxito de movilización” la jornada de huelga convocada este 13 de mayo entre el personal técnico de integración social (PTIS) externalizado en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga.

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía denuncia que la autoridad laboral ha impuesto servicios mínimos abusivos durante la huelga de PTIS convocada para el día 13 de mayo. “Esta decisión supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga, reconocido en la Constitución española, y constituye un uso desproporcionado de las facultades administrativas”, argumenta el sindicato.

El colectivo de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en los centros educativos públicos de Andalucía ha convocado una jornada de huelga el próximo 13 de mayo para denunciar la precariedad de sus condiciones laborales y exigir mejoras urgentes que garanticen una atención digna al alumnado con necesidades específicas.

El sindicato denuncia la inacción del Gobierno andaluz ante una situación insostenible en los centros de menores. La última agresión a dos educadoras con una barra de hierro, ha tenido lugar hace solo unos días. 

CCOO denuncia la saturación administrativa y afirma que la única solución es liberar al profesorado con medidas estructurales (menos horas, menos alumnado y más profesorado), algo que el Acuerdo de Humo de la Consejería de DE y FP y los sindicatos firmantes ignoran deliberadamente.

El pasado martes 10 de marzo se presentó en el Consejo Escolar de Andalucía (CEA), entre otros documentos, el Informe Anual sobre el estado del sistema educativo andaluz. CCOO llevó una enmienda a la totalidad del documento por considerarlo incompleto, sesgado, tardío y superficial. Tras la votación CCOO consiguió el apoyo de la mayoría de organizaciones sindicales y de otras entidades de la comunidad educativa y, por tanto, la devolución de dicho informe.

La Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía considera esta situación absolutamente inaceptable. En ningún caso las familias deben pagar por un servicio que no han recibido. Trasladar este coste a los hogares supone una injusticia y una falta de responsabilidad por parte de la Administración educativa.